DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO
PRIMERA POLÍTICA DE ESTADO
Fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de derecho
Nos comprometemos a consolidar el régimen democrático y el Estado de derecho para asegurar un clima de estabilidad y cooperación política, promover la competencia democrática y garantizar elecciones libres y transparentes, el pluralismo y la alternancia en el poder. Declaramos que la democracia representativa es la base de la organización del Estado de derecho, que se refuerza y profundiza con la participación ciudadana permanente, ética y responsable, en el marco de la constitucionalidad.
Con este objetivo el Estado:
(a)
defenderá el imperio de la Constitución asegurando su funcionamiento
como Estado constitucional unitario y descentralizado, bajo los
principios de independencia, pluralismo, equilibrio de poderes y demás
que lo integran;
(b) garantizará el respeto a
las ideas, organizaciones políticas y demás organizaciones de la
sociedad civil, y velará por el resguardo de las garantías y libertades
fundamentales, teniendo en cuenta que la persona y la sociedad son el
fin supremo del Estado;
(c) fomentará la afirmación de una cultura democrática que promueva una ciudadanía consciente de sus derechos y deberes; y
(d)
establecerá normas que sancionen a quienes violen o colaboren en la
violación de la constitucionalidad, los derechos fundamentales y la
legalidad.
SEGUNDA POLÍTICA DE ESTADO
Democratización de la vida política y fortalecimiento del sistema de partidos
Nos comprometemos a promover la participación ciudadana para la toma de decisiones públicas, mediante los mecanismos constitucionales de participación y las organizaciones de la sociedad civil, con especial énfasis en la función que cumplen los partidos políticos.
Con este objetivo el Estado:
(a) promoverá normas que garanticen el pleno respeto y la vigencia de los derechos políticos;
(b)
asegurará la vigencia del sistema de partidos políticos mediante normas
que afiancen su democracia interna, su transparencia financiera y la
difusión de programas y doctrinas políticas; (c) garantizará la
celebración de elecciones libres y transparentes;
(d)
mantendrá la representación plena de los ciudadanos y el respeto a las
minorías en las instancias constituidas por votación popular; y
(e)
favorecerá la participación de la ciudadanía para la toma de decisiones
públicas a través de los mecanismos constitucionales y legales, de los
partidos políticos y de las demás organizaciones representativas de la
sociedad.
TERCERA POLÍTICA DE ESTADO
Afirmación de la identidad nacional
Nos comprometemos a consolidar una nación peruana integrada, respetuosa de sus valores, de su patrimonio milenario y de su diversidad étnica y cultural, vinculada al mundo y proyectada hacia el futuro.
Con este objetivo, el Estado:
a) promoverá la protección y difusión de la memoria histórica del país;
b)
desarrollará acciones que promuevan la solidaridad como el fundamento
de la convivencia, que afirmen las coincidencias y estimulen la
tolerancia y el respeto a las diferencias, para la construcción de una
auténtica unidad entre todos los peruanos; y
c)
promoverá una visión de futuro ampliamente compartida, reafirmada en
valores que conduzcan a la superación individual y colectiva para
permitir un desarrollo nacional armónico y abierto al mundo.
CUARTA POLÍTICA DE ESTADO
Institucionalización del diálogo y la concertación
Nos comprometemos a fomentar el diálogo y la concertación entre todas las organizaciones, tanto políticas como de la sociedad civil, en base a la tolerancia, la afirmación de las coincidencias y el respeto a las diferencias de identidad, garantizando las libertades de pensamiento y de propuesta.
Con este objetivo el Estado:
(a) promoverá y consolidará una cultura de diálogo y concertación;
(b)
institucionalizará los canales y mecanismos de participación ciudadana
que contribuyan al mejor ejercicio de las funciones ejecutivas y
legislativas en los niveles nacional, regional y local; y (c)
institucionalizará la concertación en los procesos de prospectiva
nacional, formulación presupuestal y planeamiento estratégico.
QUINTA POLÍTICA DE ESTADO
Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva nacional y procedimientos transparentes
Con este objetivo el Estado:
(a)
impulsará la creación de un sistema nacional de planeamiento
estratégico sectorial e institucional, con una clara fijación de
objetivos generales y objetivos específicos que establezcan metas a
corto, mediano y largo plazo, así como los indicadores de medición
correspondientes;
(b) promoverá que la
gestión gubernamental alcance los objetivos establecidos en los planes
estratégicos, respaldada por un sistema de control del cumplimiento de
los objetivos y las metas presupuestarias;
(c)
garantizará el informe periódico de la gestión del Poder Ejecutivo,
sobre el avance del cumplimiento de los objetivos trazados; y
(d)
promoverá que los funcionarios públicos orienten su gestión hacia el
logro de las metas establecidas y que sean permanentemente capacitados
en el desarrollo de las habilidades y los atributos necesarios para
alcanzarlos.
SEXTA POLÍTICA DE ESTADO
Política exterior para la paz, la democracia, el desarrollo y la integración
Nos comprometemos a llevar a cabo una política exterior al servicio de la paz, la democracia y el desarrollo, que promueva una adecuada inserción del país en el mundo y en los mercados internacionales, a través de una estrecha vinculación entre la acción externa y las prioridades nacionales de desarrollo. Consolidaremos la firme adhesión del Perú a las normas y principios del Derecho Internacional, con especial énfasis en los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y la del Sistema Interamericano. Asimismo, garantizaremos una política basada en el diálogo entre las instituciones del Estado, las organizaciones políticas y las demás organizaciones de la sociedad.
SÉTIMA POLÍTICA DE ESTADO
Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana
(a)
consolidará políticas orientadas a prevenir, disuadir, sancionar y
eliminar aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en peligro
la tranquilidad, integridad o libertad de las personas así como la
propiedad pública y privada;
(b) propiciará
una cultura cívica de respeto a la ley y a las normas de convivencia,
sensibilizando a la ciudadanía contra la violencia y generando un marco
de estabilidad social que afiance los derechos y deberes de los
peruanos;
(c) pondrá especial énfasis en
extender los mecanismos legales para combatir prácticas violentas
arraigadas, como son el maltrato familiar y la violación contra la
integridad física y mental de niños, ancianos y mujeres;
(d) garantizará su presencia efectiva en las zonas vulnerables a la violencia;
(e)
fomentará una cultura de paz a través de una educación y una ética
públicas que incidan en el respeto irrestricto de los derechos humanos,
en una recta administración de justicia y en la reconciliación;
(f) desarrollará una política de especialización en los organismos públicos responsables de garantizar la seguridad ciudadana;
(g)
promoverá los valores éticos y cívicos de los integrantes de la Policía
Nacional, así como su adecuada capacitación y retribución; y
(h)
promoverá un sistema nacional de seguridad ciudadana en la totalidad de
provincias y distritos del país, presidido por los alcaldes y
conformado por representantes de los sectores públicos y de la
ciudadanía.
OCTAVA POLÍTICA DE ESTADO
Descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú.
Con ese objetivo, el Estado:
(a) apoyará el fortalecimiento administrativo y financiero de los gobiernos regionales y locales
(b) institucionalizará la participación ciudadana en las decisiones políticas, económicas y administrativas;
(c)
promoverá la eficiencia y transparencia en la regulación y provisión de
servicios públicos, así como en el desarrollo de infraestructura en
todos los ámbitos territoriales;
(d)
establecerá una clara delimitación de funciones, competencias y
mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno;
(e) desarrollará plataformas regionales de competitividad orientadas al crecimiento de las economías locales y regionales;
(f)
desarrollará una estructura de captación de recursos fiscales,
presupuestales y del gasto público que incluyan mecanismos de
compensación para asegurar la equitativa distribución territorial y
social, en un marco de estabilidad macroeconómica y de equilibrio fiscal
y monetario; (g) incorporará los mecanismos necesarios para mejorar la
capacidad de gestión, la competencia y la eficiencia de los entes
públicos y privados, así como la competitividad de las empresas y las
cadenas productivas en los niveles nacional, regional y local;
(h) favorecerá la conformación de espacios macro regionales desde una perspectiva de integración geoeconómica;
(i) favorecerá el asociacionismo intermunicipal e interregional para el tratamiento de temas específicos;
(j) fomentará el acceso al capital en los niveles regional y local, particularmente para la micro, pequeña y mediana empresa; y
(k)
fomentará mecanismos de compensación presupuestal para casos de
desastre natural y de otra índole, de acuerdo al grado de pobreza de
cada región.
NOVENA POLÍTICA DE ESTADO
Política de Seguridad Nacional
Nos comprometemos a mantener una política de seguridad nacional que garantice la independencia, soberanía, integridad territorial y la salvaguarda de los intereses nacionales. Consideramos que ésta es una tarea que involucra a la sociedad en su conjunto, a los organismos de conducción del Estado, en especial a las Fuerzas Armadas, en el marco de la Constitución y las leyes. En tal sentido, nos comprometemos a prevenir y afrontar cualquier amenaza externa o interna que ponga en peligro la paz social, la seguridad integral y el bienestar general.
Con este objetivo el Estado:
(a)
fomentará la participación activa de toda la sociedad en su conjunto,
en el logro de objetivos de la política de seguridad nacional;
(b)
garantizará la plena operatividad de las Fuerzas Armadas orientadas a
la disuasión, defensa y prevención de conflictos, así como al
mantenimiento de la paz;
(c) impulsará la
enseñanza de los conceptos básicos de la seguridad nacional en todos los
niveles del sistema educativo nacional;
(d)
fomentará la participación activa en la protección de la Antártida, el
medio ambiente, el desarrollo de la amazonía y la integración nacional; y
(e) mantendrá una estrecha coordinación
entre el sistema de defensa nacional y la política exterior para la
definición y defensa de los intereses permanentes del Estado.
EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
DÉCIMA POLÍTICA DE ESTADO
Reducción de la pobreza
Nos comprometemos a dar prioridad efectiva a la lucha contra la pobreza y a la reducción de la desigualdad social, aplicando políticas integrales y mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas. Asimismo, nos comprometemos a combatir la discriminación por razones de inequidad entre hombres y mujeres, origen étnico, raza, edad, credo o discapacidad. En tal sentido, privilegiaremos la asistencia a los grupos en extrema pobreza, excluidos y vulnerables.
Con este objetivo, partiendo de un enfoque de desarrollo humano sustentable, con equidad entre hombres y mujeres, sin discriminación, y en forma descentralizada, el Estado:
(a) promoverá la producción, el desarrollo empresarial local y el empleo;
(b)
fortalecerá las capacidades locales de gestión que promuevan el acceso a
la información, la capacitación, la transferencia tecnológica y un
mayor acceso al crédito;
(c) promoverá la
ejecución de proyectos de infraestructura logística y productiva, como
parte de planes integrales de desarrollo local y regional con
intervención de la actividad privada;
(d)
asignará recursos crecientes de inversión social en educación y salud
para maximizar la eficiencia de los programas, orientándolos hacia las
personas de mayor pobreza;
(e) fomentará el
pleno ejercicio de la ciudadanía y la participación de los ciudadanos en
situación de pobreza en la identificación de necesidades, el diseño de
soluciones y la gestión de los programas;
(f) establecerá un sistema local de identificación, atención y promoción del empleo a personas sin sustento;
(g)
fomentará el desarrollo institucional, la eficacia, la equidad y la
transparencia del Estado en el uso de los recursos en general y,
especialmente, en aquellos orientados a programas de reducción de la
pobreza, propiciando el concurso y la vigilancia de la sociedad civil;
(h)
garantizará el ejercicio de los derechos de las personas y el acceso a
la administración de justicia de la población que vive en situación de
pobreza; e
(i) fomentará una cultura de
prevención y control de riesgos y vulnerabilidades ante los desastres,
asignando recursos para la prevención, asistencia y reconstrucción.
DÉCIMO PRIMERA POLÍTICA DE ESTADO
Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación
Nos
comprometemos a dar prioridad efectiva a la promoción de la igualdad de
oportunidades, reconociendo que en nuestro país existen diversas
expresiones de discriminación e inequidad social, en particular contra
la mujer, la infancia, los adultos mayores, las personas integrantes de
comunidades étnicas, los discapacitados y las personas desprovistas de
sustento, entre otras. La reducción y posterior erradicación de estas
expresiones de desigualdad requieren temporalmente de acciones
afirmativas del Estado y de la sociedad, aplicando políticas y
estableciendo mecanismos orientados a garantizar la igualdad de
oportunidades económicas, sociales y políticas para toda la población.
Con este objetivo, el Estado:
Con este objetivo, el Estado:
(a) combatirá toda forma de discriminación, promoviendo la igualdad de oportunidades;
(b)
fortalecerá la participación de las mujeres como sujetos sociales y
políticos que dialogan y conciertan con el Estado y la sociedad civil;
(c)
fortalecerá una institución al más alto nivel del Estado en su rol
rector de políticas y programas para la promoción de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, es decir, equidad de género;
(d) dará acceso equitativo a las mujeres a recursos productivos y empleo;
(e)
desarrollará sistemas que permitan proteger a niños, niñas,
adolescentes, adultos mayores, mujeres responsables de hogar, personas
desprovistas de sustento, personas con discapacidad y otras personas
discriminadas o excluidas; y
(f) promoverá y
protegerá los derechos de los integrantes de las comunidades étnicas
discriminadas, impulsando programas de desarrollo social que los
favorezcan integralmente.
DÉCIMO SEGUNDA POLÍTICA DE ESTADO
Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte
Con ese objetivo el Estado:
(a)
garantizará el acceso universal a una educación inicial que asegure un
desarrollo integral de la salud, nutrición y estimulación temprana
adecuada a los niños y niñas de cero a cinco años, atendiendo la
diversidad étnico cultural y sociolingüística del país;
(b)
eliminará las brechas de calidad entre la educación pública y la
privada así como entre la educación rural y la urbana, para fomentar la
equidad en el acceso a oportunidades;
(c)
promoverá el fortalecimiento y la revaloración de la carrera
magisterial, mediante un pacto social que devenga en compromisos
recíprocos que garanticen una óptima formación profesional, promuevan la
capacitación activa al magisterio y aseguren la adecuada dotación de
recursos para ello;
(d) afianzará la
educación básica de calidad, relevante y adecuada para niños, niñas,
púberes y adolescentes, respetando la libertad de opinión y credo;
(e) profundizará la educación científica y ampliará el uso de nuevas tecnologías;
(f)
mejorará la calidad de la educación superior pública, universitaria y
no universitaria, así como una educación técnica adecuada a nuestra
realidad;
(g) creará los mecanismos de
certificación y calificación que aumenten las exigencias para la
institucionalización de la educación pública o privada y que garanticen
el derecho de los estudiantes;
(h) erradicará
todas las formas de analfabetismo invirtiendo en el diseño de políticas
que atiendan las realidades urbano marginal y rural;
(i)
garantizará recursos para la reforma educativa otorgando un incremento
mínimo anual en el presupuesto del sector educación equivalente al 0.25 %
del PBI, hasta que éste alcance un monto global equivalente a 6% del
PBI;
(j) restablecerá la educación física y artística en las escuelas y promoverá el deporte desde la niñez;
(k) fomentará una cultura de evaluación y vigilancia social de la educación, con participación de la comunidad;
(l) promoverá la educación de jóvenes y adultos y la educación laboral en función de las necesidades del país;
(m) fomentará una cultura de prevención de la drogadicción, pandillaje y violencia juvenil en las escuelas; y
(n) fomentará y afianzará la educación bilingüe en un contexto intercultural.
DÉCIMO TERCERA POLÍTICA DE ESTADO
Acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social
Con este objetivo el Estado:
(a) potenciará la promoción de la salud, la prevención y control de enfermedades transmisibles y crónico degenerativas;
(b) promoverá la prevención y el control de enfermedades mentales y de los problemas de drogadicción;
(c) ampliará el acceso al agua potable y al saneamiento básico y controlará los principales contaminantes ambientales;
(d)
desarrollará un plan integral de control de las principales
enfermedades emergentes y re-emergentes, de acuerdo con las necesidades
de cada región;
(e) promoverá hábitos de vida saludables;
(f)
ampliará y descentralizará los servicios de salud, especialmente en las
áreas más pobres del país, priorizándolos hacia las madres, niños,
adultos mayores y discapacitados;
(g)
fortalecerá las redes sociales en salud, para lo cual garantizará y
facilitará la participación ciudadana y comunitaria en el diseño,
seguimiento, evaluación y control de las políticas de salud, en
concordancia con los planes locales y regionales correspondientes;
(h)
promoverá la maternidad saludable y ofrecerá servicios de planificación
familiar, con libre elección de los métodos y sin coerción;
(i)
promoverá el acceso gratuito y masivo de la población a los servicios
públicos de salud y la participación regulada y complementaria del
sector privado;
(j) promoverá el acceso
universal a la seguridad social y fortalecerá un fondo de salud para
atender a la población que no es asistida por los sistemas de seguridad
social existentes;
(k) desarrollará políticas de salud ocupacionales, extendiendo las mismas a la seguridad social;
(l) incrementará progresivamente el porcentaje del presupuesto del sector salud;
(m)
desarrollará una política intensa y sostenida de capacitación oportuna y
adecuada de los recursos humanos involucrados en las acciones de salud
para asegurar la calidad y calidez de la atención a la población;
(n)
promoverá la investigación biomédica y operativa, así como la
investigación y el uso de la medicina natural y tradicional; y
(o) reestablecerá la autonomía del Seguro Social.
DÉCIMO CUARTA POLÍTICA DE ESTADO
Acceso al empleo pleno, digno y productivo
Nos comprometemos a promover y propiciar, en el marco de una economía social de mercado, la creación descentralizada de nuevos puestos de trabajo, en concordancia con los planes de desarrollo nacional, regional y local. Asimismo, nos comprometemos a mejorar la calidad del empleo, con ingresos y condiciones adecuadas, y acceso a la seguridad social para permitir una vida digna. Nos comprometemos además a fomentar el ahorro, así como la inversión privada y pública responsables, especialmente en sectores generadores de empleo sostenible.
Con este objetivo el Estado:
(a)
fomentará la concertación entre el Estado, la empresa y la educación
para alentar la investigación, la innovación y el desarrollo científico,
tecnológico y productivo, que permita incrementar la inversión pública y
privada, el valor agregado de nuestras exportaciones y la empleabilidad
de las personas, lo que supone el desarrollo continuo de sus
competencias personales, técnicas y profesionales y de las condiciones
laborales;
(b) contará con normas que promuevan la formalización del empleo digno y productivo a través del diálogo social directo;
(c)
garantizará el libre ejercicio de la sindicalización a través de una
Ley General del Trabajo que unifique el derecho individual y el
colectivo en concordancia con los convenios internacionales de la
Organización Internacional del Trabajo y otros compromisos
internacionales que cautelen los derechos laborales;
(d)
desarrollará políticas nacionales y regionales de programas de
promoción de la micro, pequeña y mediana empresa con énfasis en
actividades productivas y en servicios sostenibles de acuerdo a sus
características y necesidades, que faciliten su acceso a mercados,
créditos, servicios de desarrollo empresarial y nuevas tecnologías, y
que incrementen la productividad y asegurar que ésta redunde a favor de
los trabajadores;
(e) establecerá un régimen laboral transitorio que facilite y amplíe el acceso a los derechos laborales en las micro empresas;
(f) apoyará las pequeñas empresas artesanales, en base a lineamientos de promoción y generación de empleo;
(g)
promoverá que las empresas inviertan en capacitación laboral y que se
coordine programas públicos de capacitación acordes a las economías
locales y regionales;
(h) garantizará el
acceso a información sobre el mercado laboral que permita una mejor toma
de decisiones y una orientación más pertinente sobre la oferta
educativa;
(i) fomentará la eliminación de la brecha de extrema desigualdad entre los que perciben más ingresos y los que perciben menos;
(j) fomentará que los planes de desarrollo incluyan programas de empleo femenino y de los adultos mayores y jóvenes;
(k)
promoverá la utilización de mano de obra local en las inversiones y la
creación de plazas especiales de empleo para las personas
discapacitadas;
(l) garantizará la aplicación
del principio de igual remuneración por trabajo de igual valor, sin
discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, credo, opinión,
condición económica, edad o de cualquier otra índole;
(m)
garantizará una retribución adecuada por los bienes y servicios
producidos por la población rural en agricultura, artesanía u otras
modalidades,
(n) erradicará las peores formas
de trabajo infantil y, en general, protegerá a los niños y adolescentes
de cualquier forma de trabajo que pueda poner en peligro su educación,
salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social;
(o) promoverá mejores condiciones de trabajo y protegerá adecuadamente los derechos de las trabajadoras del hogar;
(p)
fomentará la concertación y el diálogo social entre los empresarios,
los trabajadores y el Estado a través del Consejo Nacional de Trabajo,
para promover el empleo, la competitividad de las empresas y asegurar
los derechos de los trabajadores; y
(q) desarrollará indicadores y sistemas de monitoreo que permitan establecer el impacto de las medidas económicas en el empleo.
DÉCIMO QUINTA POLÍTICA DE ESTADO
Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición
Nos comprometemos a establecer una política de seguridad alimentaria que permita la disponibilidad y el acceso de la población a alimentos suficientes y de calidad, para garantizar una vida activa y saludable dentro de una concepción de desarrollo humano integral.
Con este objetivo el Estado:
(a)
alentará una producción de alimentos sostenible y diversificada,
aumentando la productividad, luchando contra las plagas y conservando
los recursos naturales, tendiendo a disminuir la dependencia de la
importación de alimentos;
(b) garantizará que
los alimentos disponibles sean económicamente asequibles, apropiados y
suficientes para satisfacer las necesidades de energía y nutrientes de
la población;
(c) evitará que la importación
de alimentos cambie los patrones de consumo saludable de la población,
acentuando la dependencia alimentaria y afectando la producción nacional
de alimentos básicos;
(d) promoverá el
establecimiento de un código de ética obligatorio para la
comercialización de alimentos, cuyo cumplimiento sea supervisado por un
Consejo Intersectorial de Alimentación y Nutrición, con el fin de
garantizar la vida y la salud de la población;
(e)
aplicará, junto con los gobiernos locales y la sociedad organizada,
controles de calidad y vigilancia sobre la producción, comercialización,
almacenamiento y distribución de alimentos para consumo humano, que
aseguren la idoneidad y condiciones sanitarias de los mismos; (f)
garantizará el saneamiento básico;
(g) promoverá la participación, organización y vigilancia de los consumidores, como ejercicio ciudadano democrático;
(h)
tomará medidas contra las amenazas a la seguridad alimentaria, como son
las sequías, la desertificación, las plagas, la erosión de la
diversidad biológica, la degradación de tierras y aguas, para lo que
promoverá la rehabilitación de la tierra y la preservación de los
germoplasmas;
(i) reforzará la investigación pública y privada en materia de agricultura, ganadería, bosques y demás recursos;
(j)
hará posible que las familias y las personas expuestas a la inseguridad
alimentaria satisfagan sus necesidades alimenticias y nutricionales, y
prestará asistencia a quienes no estén en condiciones de hacerlo;
(k)
asegurará el acceso de alimentos y una adecuada nutrición,
especialmente a los niños menores de cinco años y lactantes, mujeres
gestantes y niños en etapa escolar, pobres, pobres extremos y
vulnerables, así como familias en situación de pobreza o riesgo,
promoviendo una amplia participación, vigilancia y autogestión de la
sociedad civil organizada y de las familias beneficiarias;
(l)
desarrollará una política intersectorial participativa de seguridad
alimentaria, con programas descentralizados que atiendan integralmente
los problemas de desnutrición;
(m) estimulará y promoverá la lactancia materna en el primer año de vida;
(n) otorgará complementos y suplementos alimentarios y nutricionales a los pobres extremos y vulnerables,
(o)
capacitará y educará a la población en temas de nutrición, salud,
higiene, vigilancia nutricional y derechos ciudadanos, para lograr una
alimentación adecuada;
(p) incorporará contenidos de educación nutricional en los programas educativos;
(q) recuperará y valorará los saludables saberes y hábitos nutricionales originales;
(r)
difundirá las virtudes nutricionales de los derivados agro-industriales
en los cultivos locales; y (s) promoverá la participación activa de las
personas y grupos sociales superando prácticas de asistencialismo y
paternalismo.
DÉCIMO SEXTA POLÍTICA DE ESTADO
Fortalecimiento de la familia, protección y promoción de la niñez, la adolescencia y la juventud.
Nos
comprometemos a fortalecer la familia como espacio fundamental del
desarrollo integral de las personas, promoviendo el matrimonio y una
comunidad familiar respetuosa de la dignidad y de los derechos de todos
sus integrantes. Es política de Estado prevenir, sancionar y erradicar
las diversas manifestaciones de violencia que se producen en las
relaciones familiares. Nos proponemos, asimismo, garantizar el
bienestar, el desarrollo integral y una vida digna para los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, en especial de aquellos que se encuentran
en situación de riesgo, pobreza y exclusión. Promoveremos espacios
institucionales y entornos barriales que permitan la convivencia
pacífica y la seguridad personal, así como una cultura de respeto a los
valores morales, culturales y sociales.
Con este objetivo el Estado:
Con este objetivo el Estado:
(a)
garantizará programas educativos orientados a la formación y al
desarrollo de familias estables, basados en el respeto entre todos sus
integrantes;
(b) promoverá la paternidad y la maternidad responsables;
(c)
fortalecerá la participación y el liderazgo de las niñas, niños y
adolescentes en sus centros educativos y otros espacios de interacción;
(d)
garantizará el acceso de las niñas, niños y adolescentes a una
educación y salud integrales, al enriquecimiento cultural, la recreación
y la formación en valores, a fin de fortalecer su autoestima,
personalidad y el desarrollo de sus habilidades;
(e)
prevendrá todas las formas de violencia familiar, así como de maltrato y
explotación contra niños, niñas y adolescentes, aportando a su
erradicación;
(f) prevendrá el pandillaje y la violencia en los jóvenes y promoverá programas de reinserción de los adolescentes infractores;
(g)
desarrollará programas especiales de atención a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que sufren las secuelas del terrorismo,
(h)
fortalecerá el ente rector del sistema de atención a la niñez y a la
adolescencia, las redes de Defensorías del Niño y Adolescente en
municipalidades y escuelas, y los servicios integrados para la denuncia,
atención especializada y sanción de casos de violencia y explotación
contra aquéllos; (i) fomentará programas especiales de recreación,
creación y educación productiva y emprendedora de los más jóvenes;
(j)
implementará servicios de atención integral para adolescentes
embarazadas, jefas de hogar menores de edad y parejas jóvenes;
(k) fortalecerá sistemas de cuidado infantil diurno desde una perspectiva multisectorial;
(l)
apoyará la inversión privada y pública en la creación de espacios de
recreación, deporte y cultura para los jóvenes, en especial de zonas
alejadas y pobres;
(m) promoverá que los
medios de comunicación difundan imágenes positivas de la niñez,
adolescencia y juventud, así como contenidos adecuados para su edad;
(n)
promoverá la educación sexual respetando el derecho de los padres de
brindar la educación particular que crean más conveniente para sus
hijos;
(o) implementará programas de becas,
capacitación u otras formas de apoyo que ayuden a una mejor formación
intelectual y profesional de la juventud;
(p)
institucionalizar políticas multisectoriales para la reducción de la
violencia familiar y juvenil; y (q) promoverá la institucionalización de
foros juveniles sobre los asuntos de Estado.
COMPETITIVIDAD DEL PAIS
DÉCIMO SÉTIMA POLÍTICA DE ESTADO
Afirmación de la economía social de mercado
Con este objetivo, el Estado:
(a) garantizará la estabilidad de las instituciones y las reglas de juego;
(b)
promoverá la competitividad del país, el planeamiento estratégico
concertado y las políticas de desarrollo sectorial en los niveles
nacional, regional y local;
(c) estimulará la inversión privada;
(d) fomentará el desarrollo de la infraestructura;
(e)
evitará el abuso de posiciones dominantes y prácticas restrictivas de
la libre competencia y propiciará la participación de organizaciones de
consumidores en todo el territorio;
(f)
fomentará la igualdad de oportunidades que tiendan a la adecuada
distribución del ingreso; y (g) propiciará el fortalecimiento del
aparato productivo nacional a través de la inversión en las capacidades
humanas y el capital fijo.
DÉCIMO OCTAVA POLÍTICA DE ESTADO
Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica
Nos
comprometemos a incrementar la competitividad del país con el objeto de
alcanzar un crecimiento económico sostenido que genere empleos de
calidad e integre exitosamente al Perú en la economía global. La mejora
en la competitividad de todas las formas empresariales, incluyendo la de
la pequeña y micro empresa, corresponde a un esfuerzo de toda la
sociedad y en particular de los empresarios, los trabajadores y el
Estado, para promover el acceso a una educación de calidad, un clima
político y jurídico favorable y estable para la inversión privada así
como para la gestión pública y privada. Asimismo, nos comprometemos a
promover y lograr la formalización de las actividades y relaciones
económicas en todos los niveles.
Con este objetivo el Estado:
Con este objetivo el Estado:
(a) consolidará una administración eficiente, promotora, transparente, moderna y descentralizada;
(b) garantizará un marco legal que promueva la formalización y la competitividad de la actividad económica;
(c) procurará una simplificación administrativa eficaz y continua, y eliminará las barreras de acceso y salida al mercado;
(d) proveerá infraestructura adecuada;
(e) promoverá una mayor competencia en los mercados de bienes y servicios, financieros y de capitales;
(f) propiciará una política tributaria que no grave la inversión, el empleo y las exportaciones;
(g) promoverá el valor agregado de bienes y servicios e incrementará las exportaciones, especialmente las no tradicionales;
(h) garantizará el acceso a la información económica;
(i) fomentará la investigación, creación, adaptación y transferencia tecnológica y científica;
(j) facilitará la capacitación de los cuadros gerenciales y de la fuerza laboral; y
(k) construirá una cultura de competitividad y de compromiso empresarial con los objetivos nacionales.
DÉCIMO NOVENA POLÍTICA DE ESTADO
Desarrollo sostenible y gestión ambiental
Nos comprometemos a integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú. Nos comprometemos también a institucionalizar la gestión ambiental, pública y privada, para proteger la diversidad biológica, facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, asegurar la protección ambiental y promover centros poblados y ciudades sostenibles; lo cual ayudará a mejorar la calidad de vida, especialmente de la población más vulnerable del país.
Con ese objetivo el Estado:
(a)
fortalecerá la institucionalidad de la gestión ambiental optimizando la
coordinación entre la sociedad civil, la autoridad ambiental nacional,
las sectoriales y los niveles de gestión descentralizada, en el marco de
un sistema nacional de gestión ambiental;
(b)
promoverá la participación responsable e informada del sector privado y
de la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales y en la
vigilancia de su cumplimiento, y fomentará una mayor conciencia
ambiental;
(c) promoverá el ordenamiento
territorial, el manejo de cuencas, bosques y zonas marino costeras así
como la recuperación de ambientes degradados, considerando la
vulnerabilidad del territorio;
(d) impulsará la aplicación de instrumentos de gestión ambiental, privilegiando los de prevención y producción limpias;
(e)
incorporará en las cuentas nacionales la valoración de la oferta de los
recursos naturales y ambientales, la degradación ambiental y la
internalización de los costos ambientales;
(f)
estimulará la inversión ambiental y la transferencia de tecnología para
la generación de actividades industriales, mineras, de transporte, de
saneamiento y de energía más limpias y competitivas, así como del
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, la biotecnología,
el biocomercio y el turismo;
(g) promoverá y
evaluará permanentemente el uso eficiente, la preservación y
conservación del suelo, subsuelo, agua y aire, evitando las
externalidades ambientales negativas;
(h)
reconocerá y defenderá el conocimiento y la cultura tradicionales
indígenas, regulando su protección y registro, el acceso y la
distribución de beneficios de los recursos genéticos;
(i)
promoverá el ordenamiento urbano, así como el manejo integrado de
residuos urbanos e industriales que estimule su reducción, reuso y
reciclaje;
(j) fortalecerá la educación y la investigación ambiental;
(k)
implementará el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para
asegurar la participación ciudadana, la coordinación multisectorial y el
cumplimiento de las empresas de los criterios y condiciones de
protección ambiental;
(l) regulará la eliminación de la contaminación sonora;
(m)
cumplirá los tratados internacionales en materia de gestión ambiental,
así como facilitará la participación y el apoyo de la cooperación
internacional para recuperar y mantener el equilibrio ecológico; y
(n) desarrollará la Estrategia Nacional de Comercio y Ambiente.
VIGÉSIMO TERCERA POLÍTICA DE ESTADO
Política de desarrollo agrario y rural
Nos
comprometemos a impulsar el desarrollo agrario y rural del país, que
incluya a la agricultura, ganadería, acuicultura, agroindustria y a la
explotación forestal sostenible, para fomentar el desarrollo económico y
social del sector. Dentro del rol subsidiario y regulador del Estado
señalado en la Constitución, promoveremos la rentabilidad y la expansión
del mercado de las actividades agrarias, impulsando su competitividad
con vocación exportadora y buscando la mejora social de la población
rural.
Con este objetivo el Estado:
Con este objetivo el Estado:
(a)
apoyará la expansión de la frontera agrícola y el incremento de la
producción agraria y acuícola, poniendo especial énfasis en la
productividad, la promoción de exportaciones con creciente valor
agregado y defendiendo el mercado interno de las importaciones
subsidiadas;
(b) desarrollará la
infraestructura de riegos, los sistemas de regulación y distribución de
agua, mejora de suelos, así como promoverá los servicios de transporte,
electrificación, comunicaciones, almacenaje y conservación de productos
agrarios;
(c) articulará el desarrollo de
ciudades intermedias que, con la mejora de la infraestructura rural,
motiven la inversión privada e incentiven la creación de oportunidades
de trabajo;
(d) apoyará la modernización del
agro y la agroindustria, fomentando la investigación genética, el
desarrollo tecnológico y la extensión de conocimientos técnicos;
(e) formulará políticas nacionales y regionales de incentivo a la actividad agrícola, procurando su rentabilidad; y
(f)
propiciará un sistema de información agraria eficiente que permita a
los agricultores la elección de alternativas económicas adecuadas y la
elaboración de planes indicativos nacionales, regionales y locales.
Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado
VIGÉSIMO CUARTA POLÍTICA DE ESTADO
Afirmación de un Estado eficiente y transparente
Nos
comprometemos a construir y mantener un Estado eficiente, eficaz,
moderno y transparente al servicio de las personas y de sus derechos, y
que promueva el desarrollo y buen funcionamiento del mercado y de los
servicios públicos. Nos comprometemos también a que el Estado atienda
las demandas de la población y asegure su participación en la gestión de
políticas públicas y sociales, así como en la regulación de los
servicios públicos en los tres niveles de gobierno. Garantizaremos una
adecuada representación y defensa de los usuarios de estos servicios, la
protección a los consumidores y la autonomía de los organismos
reguladores.
Con este objetivo el Estado:
Con este objetivo el Estado:
(a)
incrementará la cobertura, calidad y celeridad de la atención de
trámites así como de la provisión y prestación de los servicios
públicos, para lo que establecerá y evaluará periódicamente los
estándares básicos de los servicios que el Estado garantiza a la
población;
(b) establecerá en la
administración pública mecanismos de mejora continua en la asignación,
ejecución, calidad y control del gasto fiscal;
(c)
dará acceso a la información sobre planes, programas, proyectos,
presupuestos, operaciones financieras, adquisiciones y gastos públicos
proyectados o ejecutados en cada región, departamento, provincia,
distrito o instancia de gobierno;
(d) pondrá
en uso instrumentos de fiscalización ciudadana que garanticen la
transparencia y la rendición de cuentas en todas las instancias de
gobierno;
(e) erradicará la utilización proselitista del Estado y la formación de clientelas;
(f) mejorará la capacidad de gestión del Estado mediante la reforma integral de la administración pública en todos sus niveles;
(g) reducirá los costos de acceso a los bienes y servicios públicos; y
(h)
revalorará y fortalecerá la carrera pública promoviendo el ingreso y la
permanencia de los servidores que demuestren alta competencia y
solvencia moral.
VIGÉSIMO QUINTA POLÍTICA DE ESTADO
Cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su servicio a la democracia
Nos
comprometemos a optimizar el servicio que prestan las Fuerzas Armadas
para el mantenimiento de la paz y la integridad territorial, dentro del
irrestricto respeto a los preceptos constitucionales, al ordenamiento
legal y a los derechos humanos.
Con este objetivo el Estado:
Con este objetivo el Estado:
(a) afirmará la institucionalidad, profesionalidad y neutralidad de las Fuerzas Armadas;
(b) garantizará el control democrático de las Fuerzas Armadas;
(c) reafirmará su carácter no deliberante a través de una adecuada relación civil-militar;
(d)
promoverá unas Fuerzas Armadas modernas, flexibles, eficientes,
eficaces y de accionar conjunto regidas por valores éticos y morales
propios de la democracia;
(e) promoverá su
participación en la defensa regional, la seguridad hemisférica y en las
misiones de paz en el marco de la Organización de las Naciones Unidas;
(f)
proveerá los elementos materiales necesarios para el cumplimiento de su
misión constitucional y el papel asignado por el Estado;
(g)
garantizará la aplicación de los mecanismos previstos en el
ordenamiento legal que establecen la transparencia y control en la
adquisición y venta de bienes y servicios; y
(h) otorgará a los miembros de las Fuerzas Armadas el derecho al sufragio.
VIGÉSIMO SEXTA POLÍTICA DE ESTADO
Promoción
de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el
lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus
formas
Nos
comprometemos a afirmar, en la sociedad y el Estado, principios éticos y
valores sociales que promuevan la vigilancia ciudadana y que produzcan
niveles crecientes de paz, transparencia, confianza y efectiva
solidaridad.
Con este objetivo el Estado:
Con este objetivo el Estado:
(a) enfatizará los principios éticos que refuercen el cumplimiento ciudadano de las normas;
(b)
velará por el desempeño responsable y transparente de la función
pública, promoverá la vigilancia ciudadana de su gestión y el
fortalecimiento y la independencia del Sistema Nacional de Control;
(c) desterrará la impunidad, el abuso de poder, la corrupción y el atropello de los derechos;
(d)
desarrollará una cultura de paz, de valores democráticos y de
transparencia, que acoja los reclamos genuinos y pacíficos de los
distintos sectores de la sociedad;
(e)
promoverá una cultura de respeto a la ley, de solidaridad y de
anticorrupción, que elimine las prácticas violatorias del orden
jurídico, incluyendo el tráfico de influencias, el nepotismo, el
narcotráfico, el contrabando, la evasión tributaria y el lavado de
dinero; y
(f) regulará la función pública para evitar su ejercicio en función de intereses particulares.
VIGÉSIMO SÉTIMA POLÍTICA DE ESTADO
Erradicación de la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas
Nos
comprometemos a adoptar una política integral contra las drogas que,
sobre la base de principios éticos y valores sociales, esté compuesta
por elementos educacionales, económicos, comerciales, punitivos, de
salud pública y de control. Nos comprometemos también a generar y apoyar
programas eficientes de cultivo alternativo de productos rentables y
los que estén destinados al uso benéfico de la hoja de coca, sistemas de
interdicción para eliminar el tráfico ilegal de drogas y campañas
destinadas a erradicar su consumo. Atenderemos además la situación y las
necesidades de las poblaciones más afectadas por el narcotráfico y la
salud de las personas afectadas por su consumo.
Con este objetivo el Estado:
Con este objetivo el Estado:
(a)
promoverá principios éticos y estilos de vida que motiven en la
sociedad el rechazo a la producción, el tráfico y el consumo ilegal de
drogas, así como a las actividades ilícitas conexas, a través de la
mejora de los contenidos educativos y de una activa participación de la
familia;
(b) luchará frontal y legalmente contra el narcotráfico y sus organizaciones;
(c) promoverá sistemas de prevención del consumo de drogas y de rehabilitación de los fármaco-dependientes;
(d)
promoverá el desarrollo alternativo integral, a fin de sustituir la
economía basada en el cultivo de la coca para la producción de drogas
por una economía lícita, rentable y sostenible, procurando el acceso a
los mercados y el desarrollo de infraestructura vial;
(e)
respetará los compromisos internacionales sobre la materia asumidos por
el país y consolidará la aceptación del principio de responsabilidad
compartida entre países "productores" y "consumidores";
(f)
fomentará el cuidado y la recuperación del medio ambiente afectado por
la informalidad de la actividad agrícola dedicada a la producción de
insumos para la elaboración ilícita de drogas;
(g)
combatirá toda relación existente entre el tráfico ilícito de drogas y
la corrupción de funcionarios o ex funcionarios del Estado;
(h) promoverá el ecoturismo con la utilización de mano de obra de las zonas afectadas; y
(j) penalizará el consumo de drogas ilegales.
VIGÉSIMO OCTAVA POLÍTICA DE ESTADO
Plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la justicia e independencia judicial
Nos
comprometemos a garantizar el acceso universal a la justicia, la
promoción de la justicia de paz y la autonomía, independencia y el
presupuesto del Poder Judicial así como regular la complementariedad
entre éste y la justicia comunal. Asimismo, nos comprometemos a adoptar
políticas que garanticen el goce y la vigencia de los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución y en los tratados
internacionales sobre la materia.
Con este objetivo el Estado:
Con este objetivo el Estado:
(a)
promoverá la institucionalización de un Sistema de Administración de
Justicia, respetando la independencia, la autonomía y el presupuesto del
Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la
Magistratura y el Tribunal Constitucional, dentro de un proceso de
modernización y descentralización del Estado al servicio del ciudadano;
(b) promoverá la designación transparente de las autoridades judiciales, así como su valorización y permanente capacitación;
(c)
promoverá entre la justicia comunal y el Poder Judicial una relación
que respete la interculturalidad y regulará las competencias,
atribuciones y limitaciones de aquélla;
(d) consolidará la regulación de la justicia de paz y la elección popular de los jueces de paz;
(e) difundirá la conciliación, la mediación, el arbitraje y en general los mecanismos alternativos de resolución de conflictos;
(f)
adoptará medidas legales y administrativas para garantizar la vigencia y
difusión de la Constitución, afianzará el respeto irrestricto de los
derechos humanos y asegurará la sanción a los responsables de su
violación;
(g) establecerá mecanismos de
vigilancia al correcto funcionamiento de la administración de justicia,
al respeto de los derechos humanos, así como para la erradicación de la
corrupción judicial en coordinación con la sociedad civil;
(h) garantizará la cobertura nacional y el mejor funcionamiento de la Defensoría del Pueblo; e
(i) fortalecerá las instancias de control interno de los órganos jurisdiccionales.
VIGÉSIMO NOVENA POLÍTICA DE ESTADO
Acceso a la información, libertad de expresión y libertad de prensa
Nos
comprometemos a garantizar el derecho de los ciudadanos a solicitar y
recibir información, la obligación de brindarla por parte del Estado, y
la transparencia y difusión de los actos de gobierno. Nos comprometemos
también a resguardar la libertad de expresión y erradicar toda práctica
que la limite, así como a asegurar el derecho ciudadano a una
información veraz, objetiva y de calidad. Del mismo modo, nos
comprometemos a promover el ejercicio pleno y responsable de la más
amplia libertad de prensa, permitir la libre creación de todo tipo de
medios de comunicación y la difusión libre de ideas e información.
Con el objetivo de garantizar el acceso a la información y la libertad de expresión, el Estado:
Con el objetivo de garantizar el acceso a la información y la libertad de expresión, el Estado:
(a)
promoverá una cultura de transparencia, de rendición de cuentas y de
difusión de los actos de gobierno, eliminando la cultura del secreto;
(b)
eliminará las normas penales que amenazan el pleno ejercicio de la
libertad de expresión y las ilegales restricciones de la misma, así como
penalizará su manipulación;
(c) establecerá un sistema transparente y justo de asignación de la publicidad estatal;
(d)
erradicará las trabas administrativas, reducirá los costos de acceso y
promoverá el uso de medios electrónicos para facilitar el libre,
oportuno y completo acceso a la información estatal;
(e)
procurará el equilibrio entre el derecho a la protección de la
intimidad personal y la seguridad nacional, con el derecho al libre
acceso de la información del Estado y a la libertad de expresión; (f)
unificará la legislación sobre el acceso a la información del Estado y
la publicidad de los actos de la administración pública;
(g)
garantizará a los partidos políticos que compitan en cada contienda
electoral el acceso, en condiciones de igualdad, a los medios masivos
que usan el espectro electromagnético, así como a franjas electorales.
Con el objetivo de garantizar la libertad de prensa el Estado:
(h) evitará todo tipo de censura;
(i)
favorecerá la autorregulación ética de los medios de comunicación y la
organización ciudadana para defender los derechos de la población al
libre acceso a la información;
(j) propondrá
la existencia de cláusulas de conciencia que garanticen la libertad de
los periodistas a una opinión independiente, así como códigos de ética
en las empresas de comunicación; y
(k) tendrá una política contraria a todo tipo de información que lesione la dignidad y el honor de las personas.
TRIGÉSIMA POLÍTICA DE ESTADO
"Eliminación del Terrorismo y afirmación de la Reconciliación Nacional"
Nos
comprometemos a eliminar el terrorismo con una estrategia integral para
su erradicación, observando la plena vigencia de los derechos humanos y
el debido proceso, al mismo tiempo, continuar con la reconciliación
nacional bajo el convencimiento que sólo en un clima de paz y concordia
el Perú derrotará la pobreza y alcanzará el bienestar.
Con ese objetivo el Estado:
Con ese objetivo el Estado:
a)
desarrollará acciones dirigidas a erradicar el terrorismo, sancionar
severamente a los integrantes de las organizaciones terroristas y
enfrentar eventuales nuevas formas de este flagelo, especialmente en su
relación con el narcotráfico;
b) mantendrá
una legislación antiterrorista compatible con el derecho internacional y
los tratados suscritos por el Perú en materia de Derechos Humanos;
c)
fomentará la educación democrática, la cultura de paz, la convivencia
civilizada y la participación ciudadana en la defensa del Estado de
Derecho y la prevención contra actividades terroristas;
d)
propenderá a la atención integral de las secuelas de la violencia y la
reparación a las víctimas; e) desarrollará programas integrales de apoyo
al repoblamiento y/o reconstrucción de las zonas afectadas por la
violencia terrorista; y
f) promoverá acciones encaminadas a la eliminación de los factores estructurales de la violencia.
TRIGÉSIMO PRIMERA POLÍTICA DE ESTADO
Sostenibilidad fiscal y reducción del peso de la deuda
(APROBADA EN LA CUADRAGÉSIMO SEXTA SESIÓN DEL FORO DEL ACUERDO NACIONAL , VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DE 2004)
Nos
comprometemos a asegurar las condiciones que permitan contar con un
presupuesto sostenible y acorde a las prioridades nacionales, así como a
llevar la Deuda Pública externa e interna a niveles sostenibles y
compatibles tanto con la recuperación de la inversión pública como con
la mejora en la clasificación del riesgo país.
Con este objetivo el Estado:
Con este objetivo el Estado:
(a) Asegurará la sostenibilidad fiscal;
(b)
Producirá una reforma tributaría con un enfoque progresivo, teniendo
como base el desarrollo económico y la formalización, y que garantice el
pleno respeto de los derechos constitucionales de los contribuyentes;
(c) Asegurará la calidad del gasto público social;
(d) Reperfilará el servicio de la deuda pública en forma prudente y transparente;
(e) Comprometerá a los acreedores en el cofinanciamiento del desarrollo en el marco de las políticas del Acuerdo Nacional; y
(f) Asegurará la transparencia en los nuevos contratos y la rendición de cuentas del endeudamiento pasado, presente y futuro.